En primer lugar, y de manera bastante sencilla, ante el rodillo neoliberal, surge la cuestión de la eficacia de la acción sindical, la capacidad de defender las condiciones de vida, los salarios, la salud y la vivienda de las clases trabajadoras a diario, así como también la eficacia de las movilizaciones nacionales de los últimos años frente a los ataques de los empleadores y el gobierno: el balance de 2023 sigue presente. El mayor movimiento social desde 1995, con un apoyo popular masivo, duró varios meses sin lograr construir un movimiento de huelga general apoyado por varios sectores profesionales capaz de hacer ceder al gobierno.

Ante las fuerzas reaccionarias y capitalistas, ¿cuál es la realidad de la acción sindical en cuanto a la lucha por su proyecto de transformación social, que incluye una lucha frontal contra la discriminación racista y de género, la consideración de la lucha ambiental frente a la crisis climática y la carrera desenfrenada del capitalismo? ¿Requiere la debilidad relativa del sindicalismo un acercamiento y un frente permanente de las fuerzas sindicales para la transformación social, y en qué formas?

Esta pregunta se plantea con aún más agudeza ante el ascenso de los poderes políticos reaccionarios y la amenaza, en Francia, de la llegada de la extrema derecha al gobierno. Esta amenaza también plantea la cuestión del papel político del ala del movimiento sindical que lucha explícitamente por la transformación social y, por tanto, por grandes cambios políticos, diametralmente opuestos a la extrema derecha, pero actuando con independencia completa sin estar sujetos a las agendas y orientaciones de los partidos políticos.

Es en parte la escisión política en la izquierda lo que ha impedido que el movimiento de movilización alrededor del NFP [2] en 2024 se prolongara durante dos años mediante una acción concertada y complementaria de los partidos de la izquierda y el movimiento social sobre cuestiones sociales y económicas esenciales. ¿Qué papel puede jugar el movimiento sindical para asumir nuevamente la construcción de un frente del movimiento obrero contra las fuerzas reaccionarias, afirmando el rechazo a la extrema derecha y planteando las demandas sociales esenciales de las clases trabajadoras? ¿Cómo podemos imponer nuestra propia palabra en los próximos seis meses, con independencia completa y sin ser auxiliares de este o aquel partido político?

También está la cuestión de organizar, a raíz del movimiento juvenil, una respuesta social a gran escala ante el crecimiento de las desigualdades sociales, la caída del poder adquisitivo y la salva de nuevos ataques sociales contra las clases trabajadoras previstos en las dos leyes de presupuesto presentadas por el gobierno minoritario de Lecornu.

Progresos significativos y convergencia

La CGT, FSU y Solidaires convergen generalmente en el análisis de la situación y la importancia de las crisis sufridas a escala internacional. Es notable observar que el movimiento sindical ha evolucionado ampliamente en su comprensión de la crisis climática y sus consecuencias, lo cual se suma a las crisis sociales y democráticas, la discriminación y los enfoques agresivos de seguridad de los regímenes autoritarios. Estas tres uniones sitúan estos problemas, junto con los de violencia sexista y sexual, en el centro de sus preocupaciones.

Pero esto aún deja abierta en muchas uniones la dificultad de separarse de la visión productivista, haciendo que el progreso de los salarios y los empleos dependa, no de la justicia social y otra distribución de la riqueza producida, impuesta por el equilibrio de fuerzas, sino del crecimiento de las ganancias capitalistas, y más precisamente del crecimiento de "la empresa propia".

Quedan abiertos muchos debates sobre la conversión de la producción, la lucha contra proyectos inútiles y la producción dañina, el lugar de la energía nuclear en la lucha por las energías renovables. Sobre este último tema, en el 53º congreso de la CGT en 2023, una votación mayoritaria (50,3%), impulsada por la Federación de Minas y Energía, llevó a la salida de la Confederación de la Alianza Ecológica y Social (AES) – Plus jamais ça.

No obstante, durante varios años se han dado importantes pasos concretos hacia adelante para la integración de estos temas y un acercamiento de la CGT con las organizaciones ecológicas, alrededor de muchas luchas, como en Sainte Soline con las Rebeliones de la Tierra y la Solidaridad, y las acciones concretas de los empleados de la fábrica de papel Chapelle-Darblay o la refinería Total Grandpuits para construir respuestas a las emergencias sociales y ambientales cuestionando las lógicas capitalistas.

Es importante ver el lugar que Solidaires y la FSU otorgan a esta obra en el AES-PJC con su plan de ruptura desarrollado en 2021, y a la colaboración con las organizaciones del movimiento social y sindical que fundaron Plus jamais ça. Este trabajo conjunto es obviamente muy importante porque puede ser el palanca para movilizaciones y luchas comunes, un trampolín decisivo e incluso un elemento de fuerza frente a las lógicas capitalistas y de extrema derecha mediante la capacidad de enlazar luchas sociales, defensa de los bienes comunes, luchas ambientales. El mitin celebrado alrededor del 26 de septiembre con la participación de 300 organizaciones asociativas, políticas y sindicales es un buen augurio en este punto.

Además, la CGT y Solidaires, ante un contexto de retrocesos sociales y transformación de la estructura salarial, se han planteado durante varios años la pregunta frontal de su dificultad para desarrollarse y estar presentes en el lugar de trabajo, una dificultad que pone en cuestión su existencia como sindicalismo militante. Esto es incluso si la CGT acoge una reanudación de la sindicalización a raíz de 2023.

Por supuesto, estas preguntas toman formas diferentes en el sector privado y en la función pública, y para la CGT, la FSU o Solidaires. La FSU, como la Fédération Sud Education (miembro de Solidaires), busca responder a estas preguntas impulsando el proceso de acercamiento, de reagrupamiento del sindicalismo de lucha por «la casa común». Por el momento, los otros sindicatos de la función pública de Solidaires no plantean la misma respuesta y la cuestión de la orientación de Solidaires sobre estas cuestiones será nuevamente planteada en el congreso de la Union syndicale en junio de 2027.

Superar la ruptura de los colectivos de trabajo

La lógica de los empleadores y del gobierno es acorsetar al movimiento sindical para confinarlo a las estructuras de «diálogo social» en órganos gestionados y puntuados por la agenda de los empleadores o ministerial, mientras se recorta tanto como sea posible los medios de acción sindical en los talleres y oficinas, en los lugares de trabajo, medios que pueden ponerse al servicio del trabajo de información, movilización y la creación de un equilibrio de poder. Estos ataques a la cantonamiento e integración golpean la contradicción histórica del movimiento sindical en Francia, y en particular de su ala combativa.

En Francia, el sindicalismo es fuerte en su experiencia y capacidad de lucha, pero es débil en términos de miembros, lo que afecta a su estabilidad financiera (limitando los ingresos por cuotas). Hoy, el funcionamiento del sindicato se basa solo en el 20 al 30% de las contribuciones de sus miembros (25% por ejemplo anunciado en los últimos congresos de la CGT Metalurgia), muy por debajo de la situación en los sindicatos de otros países europeos. El resto proviene de la AGFPN, el Fondo Conjunto para el «Diálogo Social» (desde 2014), órganos conjuntos (Seguridad Social, Unedic), convenios colectivos y diversas subvenciones. Por supuesto, este financiamiento asegura la base de los sindicatos, pero depende de convenios colectivos y decisiones gubernamentales, con todos los riesgos que esto representa.

El sindicalismo en Francia tiene una historia que lo ha diferenciado en varios aspectos del existente en la mayoría de los países europeos. Por un lado, por su fuerza política, capaz de ejercer influencia en varias ocasiones (1936, 1944/45, 1968) para imponer avances sociales para todos los trabajadores mientras impulsaba cambios políticos importantes, capaces de movilizar a los explotados en muchas ocasiones para oponerse a ataques importantes como los emprendidos desde 1995 contra el sistema de pensiones a la contribución.

Pero por otro lado, Francia, desde las primeras décadas del siglo XX, también ha sido uno de los países donde el número de miembros sindicales ha sido el más bajo (30% a finales de los años 40, se ha mantenido en una tasa del 10% desde los años 90 (18% en el sector público, 8% en el privado). Esto no impide una real representatividad del sindicalismo, 58,8% de los votantes para las elecciones CSE de 2021/2024 [3] (es decir, superior a la mayoría de las elecciones políticas, municipales, regionales y legislativas), y el barómetro de confianza política del CEVIPOF (centro de investigación política) de principios de 2026 registró una tasa de confianza entre los empleados en el sindicalismo del 45 al 48%, 37% entre todos los encuestados, cuando solo el 22% de la población dijo que tenía confianza en los partidos políticos... y el 18% en el Presidente de la República.

Desde la década de 1980, el movimiento sindical en Francia (como en el resto de Europa) ha sufrido los ataques del capitalismo neoliberal. Este último ha buscado gradualmente deshacer todos los avances en el sistema de protección social logrados en décadas anteriores, comenzando con el sistema de pensiones a reparto. [4] Al mismo tiempo, tanto en el sector privado como en el público, los empleadores y el gobierno han reorganizado profundamente las estructuras de producción y las actividades de red y servicios, con la desaparición virtual de grandes unidades en la industria del acero, minería, textiles, construcción naval y reparación, pero también, por ejemplo, en los sectores de Correos y Telecomunicaciones, con la desaparición de los grandes centros de clasificación postal y centros de cheques postales.

Además, ha habido una externalización de unidades de producción o servicios en las industrias automotriz, construcción aeronáutica y química, con la proliferación de empresas subcontratistas, tanto locales como deslocalizadas. Este fenómeno también se aplica a sectores como Correos, SNCF [ferrocarriles], transporte aéreo, el sector hospitalario y la energía. Aprovechando ciertos desarrollos tecnológicos, actividades enteras han sido externalizadas y reubicadas, creando procesos de producción, distribución y mantenimiento que involucran a múltiples actores, incluyendo centros de llamadas o empresas que gestionan completamente la contabilidad de grandes compañías, por ejemplo.

Esto también es cierto para el mantenimiento de edificios, limpieza, seguridad y servicios de catering colectivo, ya sea en el sector público o privado. Además, ha habido una uberización de muchas profesiones de servicio (vehículos de alquiler privado, repartidores y así sucesivamente), lo que lleva a una superexplotación fuera del marco laboral.

En los tres servicios públicos (estado [ministerios nacionales, incluida la educación], territorial [gobierno local y regional], hospitalario), la precariedad está aumentando claramente. Los trabajadores por contrato representan alrededor del 20% de la fuerza laboral (sin contar la externalización a empresas privadas de las misiones de acción pública que suponen un coste para el estado de 160 mil millones, equivalente a una cuarta parte del presupuesto). La FSU y Sud Education abordan estos problemas en términos similares, preocupándose por la multiplicación de trabajadores por contrato en la educación nacional: 128.000 asistentes docentes para estudiantes con discapacidades en 2024 (10,8% del personal educativo nacional), nueve veces sobre diez mujeres, nueve veces sobre tiempo parcial con un salario promedio de 900 euros, 58.000 asistentes docentes. La demanda común es la integración de este personal en el marco estatutario.

Esta fragmentación representa un primer desafío estratégico para un sindicalismo de lucha, que normalmente busca organizar al mayor número de empleados, establecerse en todos los sectores profesionales y movilizar a los empleados del mismo sector sobre demandas comunes. La dificultad, que es nueva en las últimas décadas, es que estas tareas se ven más dificultadas por la fragmentación de las empresas, ya sea geográficamente o mediante subcontratación, lo que a menudo debilita a una empresa matriz antes importante y hace más difícil actuar conjuntamente en empresas que ya no están cubiertas por los mismos convenios colectivos.

No obstante, continúan existiendo grandes sitios de actividad con un gran número de empleados, como el complejo industrial-portuario de Nantes Saint Nazaire, que tiene 28.700 empleados, pero en 613 empresas diferentes alrededor de Chantiers de l’Atlantique (3.800 empleados y unos 5.800 subcontratistas in situ), la plataforma del aeropuerto Roissy tiene 95.000 empleados en 1.300 establecimientos; o el "clúster industrial-portuario" de Marsella-Fos sur Mer, que reúne 42.600 empleos fijos (y alrededor de 3.000 trabajadores temporales) en 1.570 establecimientos; el grupo hospitalario La Pitié Salpêtrière Paris-13, que reúne alrededor de 20.000 empleados, La Défense [complejo de oficinas comerciales] con 200.000 empleados (2/3 ejecutivos) en 2.800 empresas, el 25% teletrabajando más de dos días a la semana; el sitio Stellantis Sochaux [5], con 5.500 empleados fijos y 1.000 temporales, 2.000-3.000 empleos en fabricantes de equipos de subcontratación.

Síndicalismo está por lo tanto siendo golpeado por un profundo cambio en la organización de las actividades económicas y sociales, la de los grandes grupos industriales. La todavía impresionante concentración de varios emplazamientos que reúnen a decenas de miles de empleados ya no les convierte en "fortalezas obreras" similares a las de los años 60: la fragmentación de empresas, estatutos y convenios colectivos en el mismo sitio. El grupo SNCF ahora tiene 284.000 empleados repartidos entre 7 sociedades anónimas públicas, pero también un creciente subcontratista, con, por ejemplo, la externalización del mantenimiento de vías eléctricas y sistemas, dos tercios de los cuales es realizado por los grandes grupos de construcción como Vinci, Bouygues o Eiffage, la externalización de la limpieza por ONET, Nicollin o Challancin.

Así, uno de los principales desafíos del sindicalismo es adaptarse a esta realidad que se ha consolidado durante décadas. Ya no se trata solo de sentarse en los órganos de las grandes empresas que pesan menos que antes, es necesario crear estructuras que no obedezcan al nivel de negociaciones establecido por los empleadores, sino que puedan reunir a empleados del mismo sitio o de la misma actividad profesional y ser capaces de identificar demandas comunes que les permitan unirse.

Dentro de la CGT y Solidaires, esta cuestión de la adaptación de las estructuras sindicales, las demandas y los modos de acción a esta nueva realidad ha sido planteada en varios congresos con más o menos convicción y perseverancia porque los principales sindicatos están respaldados por las empresas matrices, que aún se benefician de convenios empresariales o colectivos más favorables que los de los subcontratistas pero que no organizan estructuras de asociación sindical ni estructuras sindicales de empresas externas.

Pero ya existen experimentos en esta dirección, aunque no aparezcan en los estatutos y los textos de los congresos. Este es el caso, por ejemplo, de la Unión Sindical Multiprofesional de Saint Nazaire, creada por la CGT en 1999, con el lema "un sitio, un estatus". Este enfoque va obviamente en contra del apoyo sindical a la dirección empresarial, la adaptación a las estructuras de "diálogo social" creadas por los empleadores, rompiendo los límites del estatus o la nacionalidad.

También existe el ejemplo de la asociación inter-sindical Roissy de los últimos quince años, que reúne estructuras de la CGT, CFDT, UNSA, Sud Aérien y a veces FO. Ha llevado numerosas movilizaciones dirigidas a todos los empleados de la plataforma contra la represión sindical hace dos años dirigida a activistas de la CGT y Sud, en junio pasado contra los obstáculos puestos por la prefectura para obtener el TCA (permiso de tráfico aeroportuario), un distintivo de autorización para trabajar en la plataforma.

Aquí también, el objetivo es unificar a los empleados, trabajando como un todo para Aéroport de París o Air France, más allá de las diversas empresas, para crear un equilibrio de poder común alrededor de demandas comunes. En varias ocasiones, se ha planteado la demanda de un estatus común, un convenio colectivo común para todos los empleados de la plataforma (personal de tierra, subcontratistas, asistencia, seguridad, transporte, etc.) capaz de combatir el dumping social. Sud Rail y la CGT Cheminots plantearon en términos aparentemente similares un único estatus en todo el sector ferroviario.

Otras experiencias están en marcha, como la del UL CGT de Lorient con la creación de un sindicato interempresarial. Dinámicas como estas permitirían construir sobre las victorias obtenidas localmente limitando el impacto de la reforma de 2023 sobre las pensiones: la obtenida el 24 de abril en la SNCF con un acuerdo CGT, Sud, UNSA, CFDT, para los empleados del Grupo SNCF sobre jubilaciones anticipadas, o la de la CGT Ports and Docks obtenida en 2025 sobre los cinco años de anticipación de la edad legal en el Acuerdo de Puertos y Manutención. También, la retirada del gobierno en los últimos días permite a los 140.000 empleados de EDF, Engie y RTE seguir beneficiándose del "tarifa agente" en energía.

El desafío de los ataques a los derechos sindicales

Las reformas implementadas desde el gobierno de Hollande [6] han agravado esta dificultad de adaptación del sindicalismo a través de dos leyes salvajes: primero, la "ley laboral" puesta en marcha por la Ministra de Trabajo Myriam El Khomri en 2015 introdujo la "inversión de la jerarquía de normas". Los contratos laborales en una empresa eran, hasta entonces, regidos por el Código del Trabajo, los acuerdos nacionales interprofesionales (ANI) y los acuerdos de la rama a la que estaba afiliada la empresa. Los acuerdos en una empresa no podían ser menos favorables que el ANI y los acuerdos sectoriales.

La Ley de Empleo de 2015 invierte esta jerarquía de normas y un acuerdo empresarial tiene prioridad sobre otros acuerdos, y en particular el convenio sectorial, en las áreas de jornada laboral, horas de trabajo, vacaciones, etc., y el umbral para el aumento de la hora extra se ha reducido del 25% al 10%. Por lo tanto, es una ley ganar-ganar para los empleadores que pueden imponer ahora reglas menos favorables en una pequeña empresa sin un fuerte equilibrio de poder, y obtener el «postor social más bajo» se convierte en arma de chantaje, por lo que los delegados sindicales de una empresa subcontratista firman un acuerdo no alineado con el convenio de rama, haciendo así «posible» obtener el contrato del contratista (esto es lo que ocurre cada año en la plataforma Roissy para las empresas de asistencia aeroportuaria).

La segunda disposición nefasta llegó unos meses después con los «Decretos Ley de Empleo Macron» [7] de 2017, que continuó y agravó enormemente la ley El Khomri sobre la prevalencia del acuerdo empresarial (validando acuerdos empresariales en todas las áreas e imponiéndolos al empleado contra las cláusulas del contrato de trabajo sin tener que justificar dificultades económicas). Mucho peor, estos decretos ley desmembraron a las instituciones representativas del personal. Una sola estructura, el CSE (comité social y económico), reemplazó a tres órganos: el comité de empresa, los delegados del personal y el CHSCT (Comité para la Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo).

Los CHSCT, que se habían convertido en una formidable arma para imponer la salud laboral, con el derecho a encargar opiniones de expertos y personalidad jurídica, fueron eliminados por Macron. Las comisiones SSCT del CSE están presentes solo en empresas con más de 300 empleados y ya no tienen esta personalidad jurídica, ni la posibilidad de votar sobre las experticias y hacer pagar a los empleadores por ello. Los representantes elegidos del CHSCT habían sido a menudo especialistas muy competentes en sus campos y capaces de intervenir en las condiciones de trabajo de los empleados de empresas subcontratistas. Y sobre todo, la acción sindical en el terreno fue debilitada por esta ordenancia al reducir el número de representantes elegidos y las horas de mandato casi a la mitad. Ataques similares tuvieron lugar en la función pública en 2019 con la ley de transformación de la función pública (LTFP).

El resultado concreto es que las horas y mandatos otorgados por elección ya no permiten, por ejemplo, dedicar tiempo al servicio o a rondas de taller, para participar en trabajos de sindicalización. Entre las víctimas esenciales de este corte claro en los recursos sindicales están obviamente los sindicatos locales que hacen posible ayudar, reunir a afiliados sindicales aislados en pequeñas empresas y ayudar con agrupaciones para acciones de sitio. Todo este trabajo será más difícil, mientras que la ley El Khomri y los circulares de Macron dan más medios a las direcciones empresariales para ejercer presión sobre los empleados de pequeñas empresas.

Esta orientación de agrupar a los empleados más allá de su estatus y su empresa es por lo tanto de importancia primordial para luchar contra los efectos de la subcontratación y la precariedad, contra el dumping social y la competencia entre empleados. Va de la mano con las demandas de someter a los subcontratistas a los convenios y acuerdos de la empresa ordenante, y de que todos los empleados en una rama beneficien del mismo acuerdo, alineado con acuerdos que ofrecen las mejores condiciones sociales.

¿Cómo construir movilizaciones efectivas?

Este trabajo de reagrupamiento y el contenido de las demandas se superpone parcialmente con las reflexiones sobre la construcción de un equilibrio de poder adecuado durante las grandes movilizaciones y los límites experimentados en 2023 y, desde entonces, en la construcción de un frente de lucha por salarios, justicia fiscal contra la sucesión de presupuestos de austeridad. En dos ocasiones, desde 2023, el frente sindical se ha roto, debilitado por el apoyo del Partido Socialista (PS) a las desesperadas maniobras del gobierno para continuar sus políticas.

El «conclave Bayrou» [8] en la primavera de 2025, y luego en el otoño de 2025, la «suspensión de la reforma de las pensiones» y la conferencia sobre pensiones y trabajo, ambas justificaron las moratorias concedidas por el PS a los gobiernos de Macron y permitieron desunir el frente sindical. De hecho, en dos ocasiones, la CFDT, la CFTC y la CGC se precipitaron hacia esta brecha, lo cual no abrió la puerta a ninguna retirada gubernamental. Así pues, surgen dos problemas. El de la dificultad, para la CGT, Solidaires y la FSU, que plantearon la necesidad de construir una confrontación social, de conciliar este objetivo con la unidad de un alineamiento inter-sindical que no persigue el mismo objetivo y se aferra a cualquier maniobra del gobierno. Además, incluso en este punto, la secretaria de la CFDT, Marylise Léon, en el congreso confederal de junio de 2026, reconoció un «diálogo social» a media asta.

En este sentido, sin duda, la apariencia estructurada de un frente sindical combativo, capaz de tomar sus propias iniciativas, sería apoyo para imponer un mejor equilibrio de fuerzas. Pero la dificultad restante sería la posibilidad de que este frente, incluso si existiera, arraigara en los sectores que pesan en las movilizaciones. La única realidad palpable es que la construcción del más amplio frente inter-sindical unitario depende del equilibrio de fuerzas combativo construido por la movilización de un sector «que marca el tono» para otros trabajadores.

La otra cuestión, que está presente desde 1995, pero reafirmada en los últimos 10 años con Nuit Debout y los Gilets jaunes, y obviamente durante el movimiento de 2023, es que la fragmentación de los empleados y la menor capacidad de las uniones para estructurarse se reflejan en la creciente importancia de las grandes manifestaciones populares, reuniones territoriales como las de Nuit Debout o los Gilets jaunes (que también son el lugar y la ocasión para la extensión del movimiento dentro de la sociedad a todos los campos de lucha), en relación con la huelga. A esto se suma, desgraciadamente, las mayores dificultades en el desarrollo de la autoorganización en el lugar de trabajo.

La cuestión restante es, por tanto, la estructuración de los movimientos de movilización que, en los últimos años, a menudo han dependido de los plazos planteados por la coordinación inter-sindical nacional, lo cual ha llevado a esta última, para mantener su unidad, a alinearse con las posiciones menos ofensivas, en particular las de la CFDT. Cabe señalar, sin embargo, que en varias ocasiones las movilizaciones crearon su propio ritmo durante los Gilets jaunes o en Sainte Soline [9], en particular. Es obvio que el futuro de las movilizaciones más poderosas dependerá en parte de la capacidad para superar estas contradicciones.

¿Qué acción para 2027?

La última cuestión, sin duda la más urgente, es la capacidad del movimiento sindical, así como del movimiento social entero, para ocupar su lugar pleno en un contexto de ofensiva reaccionaria y deslizamiento gradual hacia una hegemonía de las tesis y propuestas de la extrema derecha. Esto a vísperas de unas elecciones presidenciales en las que la izquierda política está por el momento «dispersa como un rompecabezas», a pesar de los éxitos electorales en 2022 y 2024 sobre un programa que recoge una serie de demandas de los trabajadores y los movimientos sociales.

Porque la realidad es ahí. Durante los últimos dos años, la clase capitalista, los medios de comunicación y las redes sociales en manos de la reacción y unos pocos multimillonarios, no han dejado de promover a la extrema derecha y sus tesis, y demonizar (a La France Insoumise para desacreditar y fragmentar la alianza realizada dentro del marco del NFP en 2024. Los líderes socialdemócratas, queriendo aislar a LFI y reunirse hacia los restos del macronismo, también han puesto todos sus esfuerzos en romper este marco, impidiendo la perpetuación de un frente político anti-austeridad. Esta situación pone al movimiento sindical y al movimiento social entero contra la pared para desplegar una contraofensiva suficiente.

Entonces, ¿qué hacer? En 2024, la CGT, al día siguiente de la disolución de la asamblea, encabezó un comunicado de prensa con el título: «¡Frente Popular ante la extrema derecha!», declarando que: «para derrotar a la extrema derecha, el mundo del trabajo necesita esperanza y perspectivas que rompan con las políticas de Emmanuel Macron». A raíz de esto, la CGT, FSU, Solidaires, CFDT y UNSA se declararon a favor del rechazo a la extrema derecha y de la satisfacción de las demandas sociales, enumerando nueve medidas de emergencia social. Muchas asociaciones o colectivos del movimiento social estaban movilizados y demostrando en toda Francia incluso antes de que se construyera el acuerdo NFP. Obviamente, el riesgo de la llegada del RN es aún mayor hoy y la fragmentación de la izquierda, con el deseo actual de la mayoría del PS de rechazar cualquier alianza con LFI (y obviamente de emanciparse del programa del NFP), hace necesario construir rápidamente la unidad frente a la extrema derecha.

Por lo tanto, por un lado, la situación es más grave y hace que sea más esencial que el movimiento sindical y todo el movimiento social actúen ahora con completa independencia para construir un equilibrio de poder entre los empleados y en las clases trabajadoras en su conjunto que permita contrarrestar y derrotar a la extrema derecha. Desde este punto de vista, la CGT, FSU y Solidaires (pero también algunas uniones CFDT, CNT, FO y UNSA) han desarrollado, particularmente con VISA, durante los últimos dos años trabajo para desarrollar formación, acción contra la presencia de la extrema derecha en el movimiento sindical, incluida la preparación para la eventualidad de la llegada de Le Pen al Élysée. La organización antifascista Jeune Garde (antes de que fuera prohibida por Retailleau) también contribuyó a la educación sindical y a la protección de las manifestaciones frente a las amenazas de la extrema derecha.

Pero el movimiento sindical, como todo el movimiento social, se enfrenta a un gran problema. Bloquear la llegada de Le Pen al gobierno, luchando contra su audiencia entre los trabajadores, también implica, además de denunciar los peligros planteados por el RN, trabajar para defender una alternativa política que satisfaga las principales demandas sociales. La vasta mayoría de los trabajadores siempre se han opuesto a la reforma de las pensiones y apoyan medidas elementales como el impuesto Zucman [impuesto sobre grandes fortunas], atacando a la clase capitalista, las ganancias y las grandes fortunas.

También es el papel del movimiento sindical contribuir a la derrota del RN presentando, en los próximos meses, medidas políticas y sociales que satisfagan las demandas de justicia social de las clases trabajadoras, como se hizo en 2024. La fragmentación de los principales partidos que componen el NFP sobre la elección presidencial a la izquierda ahora dificulta desplegar este trabajo en el movimiento sindical y social. Pero el movimiento sindical puede desempeñar un papel importante ayudando a construir una dinámica unitaria en la izquierda social y política. Obviamente, el inicio no puede ser el apoyo a este o aquel candidato, presente o futuro. Pero es urgente que, ahora y con completa independencia, el movimiento sindical para la transformación social gestione, como en 2024, sobre la base de sus propias orientaciones comunes, reunirse en las próximas semanas para organizar una campaña unida para derrotar a Le Pen en 2027 y por una ruptura con las políticas de austeridad capitalista.

La situación es indudablemente difícil, pero podemos evocar el recuerdo de los años 1980/81 cuando, frente a una profunda división en la izquierda, una campaña popular y unida, «Unión en las luchas», creó un viento saludable de unidad, contribuyendo a la derrota de la derecha en las elecciones de 1981. [10] Por supuesto, la situación hoy es muy diferente en muchos aspectos, y Mitterrand y los gobiernos social-liberales dirigidos por el PS desde 1981 han destrozado muchas de las esperanzas de varias generaciones. Es además el balance de esta política, seguida desde 2012 hasta 2017 por Hollande, lo que llevó a la construcción del NUPES y del NFP sobre un programa de ruptura con el social-liberalismo. También es este registro lo que explica el lugar preponderante tomado por LFI en la izquierda frente a la socialdemocracia en los últimos años.

Pero debemos insistir en un punto de similitud: como en aquel entonces, es urgente que todas las energías se reúnan para derrotar a Le Pen en 2027. Los sindicatos deben intervenir, con sus medios específicos, en la secuencia político-electoral que ya ha comenzado y cuyo resultado será decisivo para la clase trabajadora.

8 de octubre de 2026

Traducido por International Viewpoint, a publicarse en Contretemps.