Pese a los reiterados anuncios de la muerte de los sindicatos en la prensa y la derecha italianas, hay un ámbito en el que mantienen una presencia sólida: el sector público. Emplea a 3,4 millones de personas, aproximadamente una quinta parte de los trabajadores asalariados del país.
El sector público es el único que dispone de datos certificados sobre la representación sindical, tanto de afiliación como de las elecciones de representantes en los centros de trabajo. Según las evaluaciones periódicas de ARAN, la agencia que representa a las administraciones públicas en la negociación colectiva, la tasa de afiliación alcanzó el 51 % en 2025, frente al 47 % de 2012. Es un dato notable en un país cuya tasa general de afiliación se estima entre el 25 % y el 30 %. En ese mismo periodo, la participación en las elecciones sindicales del sector público se mantuvo prácticamente estable, en torno al 66–67 %, por encima de la registrada en las elecciones parlamentarias. Los sindicatos han reforzado así su afiliación y han resistido en buena medida al avance de la abstención que afecta a las democracias europeas.
Un sector público en transformación
El empleo público ha cambiado estructuralmente en poco más de una década. Las políticas de austeridad posteriores a la crisis financiera de 2008 redujeron la plantilla en 119.000 personas entre 2009 y 2013. En la década siguiente solo se recuperó parte de esa pérdida: Italia sigue teniendo decenas de miles de empleados públicos menos que antes de la austeridad. La evolución ha sido desigual. Respecto a 2009, el personal de la administración central, incluidos los ministerios, disminuyó un 23 %, y el de las administraciones locales, un 20,5 %. La sanidad creció ligeramente, un 1,5 %, mientras que las escuelas y universidades perdieron un 2,4 % de su personal.
Pese a estos cambios y a la importante renovación de las plantillas de los últimos años, los sindicatos del sector público se han fortalecido. La afiliación ya supera la mitad del personal y aumentó en 119.000 personas solo entre 2021 y 2024. Sin embargo, las diferencias entre sectores son importantes. En la administración central, la más afectada por los recortes, la tasa de afiliación bajó del 49,6 % en 2012 al 42,5 % en 2025. En las administraciones locales, donde la fragmentación de los centros de trabajo dificulta tradicionalmente la organización sindical, cayó al 28,8 %. El crecimiento procede de los dos ámbitos menos afectados por los recortes de empleo en los últimos quince años: en escuelas y universidades, la afiliación pasó del 51,3 % al 57,3 %; en sanidad, del 51,5 % al 57,8 %.
Qué sindicatos crecen
Los datos de ARAN también permiten identificar qué organizaciones se han beneficiado más del crecimiento de la afiliación.
Los sindicatos vinculados a las tres grandes confederaciones —CGIL, CISL y UIL— siguen siendo, con diferencia, los más representativos del sector público. En 2025 reunían al 62,9 % de los afiliados; el artículo original sitúa esa cifra en el 30,1 % del conjunto de empleados públicos. Sin embargo, su peso entre los afiliados ha disminuido respecto al 68,8 % de 2012. Las tres organizaciones tienen hoy más miembros en términos absolutos, pero la cuota de CISL bajó del 27,6 % al 24,1 %, y la de CGIL, del 26 % al 21,4 %. UIL aumentó la suya del 15,1 % al 17,3 %. Las confederaciones han recuperado algo de terreno recientemente: entre 2021 y 2024, sus sindicatos concentraron 79.000 de los 119.000 afiliados adicionales. En la administración local mantienen una mayoría abrumadora, del 82 %, ligeramente superior a la de 2012. En los demás ámbitos han perdido peso: unos cinco puntos porcentuales en la administración central y la educación, y 7,2 puntos en sanidad.
Nota editorial: El original indica una afiliación sindical general del 51 % y una cuota del 62,9 % para las tres confederaciones, pero también sitúa su afiliación en el 30,1 % de todos los empleados públicos. El producto de las dos primeras cifras es aproximadamente el 32,1 %. El original no explica esta discrepancia; se conservan sus cifras.
Los sindicatos de base más combativos no han aprovechado, en general, el retroceso relativo de las confederaciones. Su presencia sigue siendo reducida en casi todo el sector público. La excepción son las escuelas y universidades, donde han crecido, aunque siguen siendo minoritarios. En 2025, las dos principales organizaciones de base de la educación, Cobas Scuola y USB PI, representaban a unos 13.000 trabajadores, el 1,6 % de los afiliados de ese ámbito. «El panorama sindical actual del empleo público es fruto de años de retroceso político y sindical, que han llevado a los trabajadores a adoptar una perspectiva individualista centrada en mejorar su propia situación», explica Cristiano Fiorentini, de la ejecutiva nacional de USB PI. «En un contexto así, el sindicalismo de base trabaja claramente a contracorriente».
En cambio, han ganado peso los sindicatos profesionales y autónomos. Destaca el crecimiento de las organizaciones que representan a un solo colectivo profesional: únicamente docentes en educación, personal de enfermería en sanidad, etcétera. En educación, los principales sindicatos de este tipo entre el profesorado, Gilda y Anief, reúnen al 18,2 % de los afiliados, casi una quinta parte, frente a algo más de una décima parte en 2012. En sanidad, los dos mayores sindicatos de enfermería, Nursind y Nursing Up, concentran el 18,4 %, frente al 10,8 % de 2012.
Las interpretaciones sobre ese crecimiento difieren. «La representación de las confederaciones resultó insuficiente», sostiene Andrea Bottega, secretario nacional de Nursind. «Aumentaban las responsabilidades y las exigencias formativas del personal de enfermería, pero seguía recibiendo el mismo trato que profesiones que no habían experimentado esa evolución». Federico Bozzanca, secretario general de FP CGIL, ofrece otra lectura: «Ante el debilitamiento de la sanidad, observamos una carrera por defender intereses particulares que a menudo se presentan como contrapuestos a los intereses generales del sistema».
Por qué resiste la democracia sindical
La tasa de afiliación ha crecido, mientras que la participación en un momento fundamental de la democracia sindical —las elecciones a las RSU, los órganos unitarios de representación sindical en los centros de trabajo— se ha mantenido prácticamente estable. Desde 1998, las RSU son obligatorias en el sector público y se renuevan cada tres años. La participación apenas bajó del 67,2 % de las personas con derecho a voto en 2012 al 66,3 % en 2025. Como comparación, en las elecciones parlamentarias descendió del 75 % en 2013 al 63 % en 2022.
También aquí hay diferencias entre sectores. La participación solo aumentó en sanidad, en 3,5 puntos porcentuales. Descendió 0,5 puntos en la administración local, 3,6 en la central y 4,2 en escuelas y universidades. Aun así, sigue siendo elevada. «Las RSU son los principales actores de la negociación en los centros de trabajo», explica Federico Bozzanca, de FP CGIL. «Vinculan la participación democrática con una acción negociadora que permite mejorar los salarios y las condiciones laborales». La participación podría reflejar así el reconocimiento de la función concreta de estos representantes al negociar acuerdos complementarios. Si la democracia política se ha debilitado al perder poder real las instituciones representativas, la democracia sindical resiste en parte porque los representantes elegidos conservan un poder negociador efectivo.
La distribución de los votos también ha cambiado. En las elecciones de 2025 a las RSU, los sindicatos de las tres confederaciones obtuvieron el 70,7 % de los votos, unos cuatro puntos porcentuales menos que en 2012. Su peso conjunto osciló entre el 85,9 % en la administración local y el 62,9 % en la central. Solo UIL ganó terreno en ese periodo, con dos puntos más, mientras CISL perdió 1,5 y CGIL, 3,5. Las confederaciones obtienen mejores resultados electorales —el 70,7 % de los votos— que de afiliación —el 62,9 %—. Es un patrón común a todo el sector público que solo se explica en parte por su mayor implantación. CGIL ofrece un ejemplo claro en educación: con el 20 % de los afiliados, consigue el 27,6 % de los votos. «Es señal de un sindicato general, que ofrece representación sin exigir afiliación», explica Gianna Fracassi, secretaria general de FLC CGIL. «En nuestro ámbito, votar a las RSU es elegir una orientación: estabilizar al personal precario, renovar el convenio colectivo y defender las escuelas, las universidades y la investigación pública. Esa orientación reúne apoyos que van mucho más allá de nuestra afiliación».
Hoy en el sector público, ¿mañana en el privado?
Las particularidades del empleo público explican parte de esta resistencia sindical. Una mayor estabilidad laboral reduce la vulnerabilidad de los trabajadores a las represalias por la actividad sindical o la simple afiliación. La representación obligatoria mediante las RSU también fortalece a los sindicatos y aproxima el sistema italiano al de países como Austria y Alemania, donde esa representación está más institucionalizada. Esta fórmula híbrida puede ayudar a explicar por qué los sindicatos públicos italianos siguen una trayectoria distinta de la de organizaciones en retroceso en otros países occidentales. Aunque los sindicatos suelen ser más fuertes en el sector público que en el privado, Italia destaca por el crecimiento continuado de su tasa de afiliación pública.
Como hemos visto, ese fortalecimiento varía según el sector. La capacidad de negociar mejoras en los centros de trabajo parece hacer útil la democracia sindical a ojos de los trabajadores, y la representación obligatoria también ha desempeñado un papel importante. Por ello merece atención el posible acuerdo sobre representación que las confederaciones y las asociaciones empresariales están negociando, pese a los problemas relacionados con aspectos que solo parecen secundarios. Si un entorno favorable a la democracia sindical ha ayudado a los sindicatos a crecer en el sector público, algo similar podría ocurrir en el privado.
Stefano Poggi es investigador de la Universidad de Padua, donde estudia los efectos sociales y ambientales de la privatización de los bienes comunales en el siglo XIX. Además de a los sindicalistas citados, el autor agradece su colaboración a Stefano Bagnara.
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