«El activismo en internet fue un error»

Cómo consiguieron cambios los partidos y los sindicatos

Parecía que internet había hecho la política más accesible. Sin embargo, la gente está cada vez más polarizada y, sobre todo, dispone de menos herramientas reales para influir en las decisiones. El historiador belga Anton Jäger llama «hiperpolítica» a esta situación: la política vuelve a la vida cotidiana, mientras las organizaciones tradicionales —sindicatos, partidos y movimientos— pierden influencia.

La gente está más dispuesta a protestar, participar en campañas y debatir, pero su implicación es breve y esporádica. Puede ser intensa y radical, aunque rara vez se traduce en organizaciones duraderas capaces de impulsar cambios de forma constante. Una de las razones, según Jäger, es que la propia arquitectura de la política ha cambiado en las últimas décadas.

Antes, los partidos y los sindicatos podían conseguir cambios apoyándose en millones de simpatizantes y en huelgas masivas. En Francia, las protestas estudiantiles de mayo de 1968 desembocaron en una huelga general con millones de trabajadores y casi paralizaron el país. Bajo esa presión, el gobierno de Charles de Gaulle aceptó los acuerdos de Grenelle, que elevaron el salario mínimo un 35%. En Polonia, las huelgas de 1980 obligaron al gobierno autoritario a firmar los Acuerdos de Agosto, que reconocieron los sindicatos independientes y el derecho de huelga.

¿Qué cambió? Durante el siglo XX, especialmente en las décadas de posguerra, los partidos, sindicatos y otras organizaciones de masas invertían en un trabajo de base continuo. Así, la movilización política podía convertirse en una actividad sostenida en lugar de apagarse tras el impulso inicial.

Pero al final de la Guerra Fría, la afiliación a partidos y sindicatos empezó a caer en la mayoría de las democracias europeas. Estas organizaciones perdieron el contacto con sus bases y buena parte de su influencia. El descenso de la afiliación orientó a los partidos hacia las campañas electorales. En lugar de mantener una presencia permanente sobre el terreno, ampliaban sus plantillas cada pocos años. Las subvenciones públicas habían sustituido a las cuotas y aportaciones de las organizaciones locales de las que antes dependían.

La desindustrialización y las restricciones de los derechos laborales también debilitaron a los sindicatos. Cuantas menos mejoras tangibles conseguían, menos motivos veían los trabajadores para afiliarse. La pérdida de miembros debilitaba aún más su capacidad negociadora. A ello se sumaban la falta de tiempo libre y las horas dedicadas al trabajo y los desplazamientos, que dificultaban asistir a reuniones y asumir compromisos organizativos duraderos.

La política quedaba cada vez más en manos de «tecnócratas»: gestores y expertos que presentaban las decisiones como problemas técnicos y relegaban los conflictos ideológicos. El poder pasaba de los activistas de base a las burocracias partidarias y sindicales, y la toma de decisiones públicas se profesionalizaba. Sin embargo, tras dos décadas de predominio de la «tercera vía» tecnocrática, volvió el interés por la política. Asociada a Bill Clinton, Tony Blair y el sociólogo Anthony Giddens, esta corriente intentaba combinar objetivos socialdemócratas con economía de mercado, disciplina presupuestaria y un papel económico más limitado del Estado.

La crisis financiera y la recesión de 2008–2009, desencadenadas por el hundimiento del mercado hipotecario estadounidense y la posterior crisis bancaria, rompieron un contrato social basado en la estabilidad económica. La gente sentía miedo y frustración, pero la antigua infraestructura para expresar el descontento ya había sido desmantelada.

Se habían perdido la capacidad y la voluntad de incorporar a la gente a la acción colectiva. Pensemos en Keir Starmer: en una intervención televisada invitó a abandonar el Partido Laborista a sus propios simpatizantes descontentos con sus reformas centristas.

O pensemos en Occupy Wall Street, surgido en Estados Unidos en 2011 contra la desigualdad y la influencia política de los superricos. Sus participantes popularizaron «Somos el 99%» y situaron la desigualdad económica en el centro del debate público. Sin embargo, la movilización masiva apenas se tradujo en concesiones institucionales. No llegaron las restricciones a la financiación empresarial de las campañas electorales ni las medidas contra la desigualdad. Quienes participaban en Occupy intentaron dirigirse a las instituciones de poder y descubrieron que los cauces habituales de influencia ya no existían.

Por qué Twitter dificulta la acción colectiva

El debilitamiento de las viejas instituciones dio un papel político creciente a las redes sociales, escribe Jäger. Ofrecían una participación de bajo coste y sin vínculos duraderos: cualquiera podía expresarse y sentirse parte de la vida pública en cualquier momento, y desconectarse con la misma facilidad. La política se convertía en un acto individual, desligado de una experiencia compartida. La atomización también alimentaba la radicalización y la hostilidad: sin otras personas físicamente presentes resulta más fácil imaginarlas como enemigas y atribuirles rasgos convenientes, casi siempre negativos.

Las ideas políticas ya formaban parte de la identidad personal, pero internet aceleró el proceso. En las redes, una posición pública expresa convicciones y, al mismo tiempo, construye la imagen de «una buena persona que dice cosas buenas». A mi juicio, para ciertos activistas digitales demostrar la propia superioridad moral acaba siendo más importante que conseguir resultados prácticos.

Yo también caí en ese enfoque: daba prioridad a las discusiones en Twitter y a las declaraciones vacías de principios. Cuando tenía poco más de veinte años, sobrevaloré el activismo digital como estrategia de cambio político. Repetir mecánicamente las opiniones correctas resultó insuficiente para derrotar a la derecha. La búsqueda de pureza ideológica y la costumbre de etiquetar a los demás solo nos alejan, convirtiendo las diferencias en barreras supuestamente insalvables para la solidaridad.

La política identitaria, que yo tampoco examiné con suficiente espíritu crítico, contribuyó a dividirnos en bandos opuestos. Este enfoque articula la lucha en torno a experiencias compartidas de raza, género, sexualidad o etnicidad, reconoce que esas opresiones no se reducen a lo económico y que la clase trabajadora es heterogénea. Las críticas de izquierda no niegan esas formas de opresión: señalan que su versión liberal puede sustituir la lucha de clases por cuestiones de representación, desatender la desigualdad económica y servir a los intereses de las élites. Las personas de izquierda de mi generación acabamos viendo la sociedad como un conjunto de grupos con intereses fijos y distintos. Olvidamos la necesidad de encontrar puntos en común con quienes no son como nosotros.

Esta concepción se parecía más a un proyecto individualista neoliberal que a una utopía progresista. Del mismo modo que el neoliberalismo ve la sociedad como una suma de individuos que persiguen sus propios intereses, la política identitaria la reduce a grupos aislados, cada uno de los cuales habla únicamente por sí mismo. Desaparece el bien común en torno al que antes se organizaba la izquierda. Paradójicamente, esto recuerda las palabras de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher: no existe la sociedad, solo hombres y mujeres individuales y sus familias.

Cuando disminuyen las posibilidades de influir en el mundo, expresarse políticamente en internet puede aliviar la frustración y aportar atención, aprobación o al menos una reacción emocional. Las publicaciones más radicales atraen más miradas y publicar puede convertirse en un fin en sí mismo, con independencia de que genere un debate político sustantivo. El refuerzo positivo condiciona el comportamiento posterior: quienes reciben «me gusta» por contenidos provocadores tienen más probabilidades de repetirlos.

Desde una capital europea, alguien puede declarar inmoral alegrarse por un Óscar para una película con actores rusos, como si eso equivaliera a apoyar al ejército ruso, aunque los propios intérpretes se opongan a la guerra. Inventar ese tuit o acusar a quienes discrepan de «trabajar para el Kremlin» o tener un «pensamiento imperial» puede resultar más fácil que un trabajo contra la guerra que tarde años en dar frutos: construir coaliciones y redes de voluntariado o apoyar a presos políticos.

La declaración pública de una postura acaba sustituyendo a la acción colectiva. Demasiado a menudo, internet se convierte en el punto final de la participación política en vez de ser su punto de partida.

Internet puede reunir a la gente e incluso sacarla a la calle. Convertir esos vínculos en un movimiento organizado y duradero es mucho más difícil. Las redes fueron fundamentales para movilizar las protestas de la plaza Bolótnaya de Moscú en 2011. La oleada comenzó tras las elecciones a la Duma del 4 de diciembre, entre numerosas denuncias de irregularidades y presunto fraude, y continuó en 2012. Las grandes manifestaciones de Bolótnaya y de la avenida Sájarov exigían elecciones limpias y una revisión de los resultados. Sin embargo, al terminar la oleada no surgió una organización nacional capaz de conservar aquella base masiva.

Cómo organizarse a largo plazo

La precariedad laboral dificulta el activismo al privar a la gente de un espacio compartido para organizarse. La economía de las redes sociales nos empuja a pasar el máximo tiempo posible ante las pantallas, en lugar de estar juntos. Y, por supuesto, el autoritarismo persigue cualquier acción colectiva no autorizada.

Para recuperar nuestra capacidad de actuar, podríamos aprender de formas anteriores de participación, como los sindicatos y los partidos. A pesar de sus jerarquías, burocracias y otras limitaciones, tienen mucho que enseñarnos. En las campañas actuales terminan apareciendo mecanismos de coordinación: se reparten tareas, se designan responsables de acciones y comunicación, se formulan demandas compartidas y se acuerda cómo tomar decisiones.

El trabajo lento y poco vistoso de incorporar miembros, crear fondos comunes, formar a quienes llegan y darles responsabilidades permitía organizarse a largo plazo. Unía a las personas mediante compromisos, experiencias compartidas y vínculos afectivos que se construían poco a poco. A los trabajadores les permitía sostener conflictos prolongados con sus empleadores.

Hay ejemplos positivos recientes. En 2023, United Auto Workers, el mayor sindicato de la industria automovilística estadounidense, mantuvo una huelga de varias semanas contra Ford, General Motors y Stellantis. Sus afiliados recibieron prestaciones de la caja de resistencia y consiguieron un aumento salarial del 25% y ajustes por el coste de la vida. En Europa sigue siendo habitual que las huelgas de transporte paralicen las ciudades durante uno o dos días.

Lo que más les ha faltado a los activistas de la última década es una estructura organizativa duradera. Las campañas masivas pueden lograr concesiones, pero sus avances pueden ser temporales. Black Lives Matter nació en 2013 y ganó difusión con las protestas de Ferguson en 2014. Tras el asesinato de George Floyd en 2020, impulsó las mayores protestas de la historia estadounidense y reabrió el debate sobre la violencia policial. Pero las grandes reformas no llegaron. En 2021, la Cámara de Representantes aprobó la George Floyd Justice in Policing Act, que pretendía limitar la inmunidad policial, prohibir las llaves de estrangulamiento, restringir la fuerza letal y crear un registro nacional de abusos. Las negociaciones del Senado se estancaron en septiembre. Incluso el efecto sobre la opinión pública fue limitado: los prejuicios raciales explícitos e implícitos de los estadounidenses blancos descendieron al principio, pero ese efecto se desvaneció al decaer la atención a BLM.

Los chalecos amarillos franceses, un movimiento descentralizado surgido en 2018 contra la subida de los impuestos al combustible que después formuló demandas sociales y políticas más amplias, obligaron a Emmanuel Macron a retirar el aumento y hacer otras concesiones. Sin embargo, el rechazo del movimiento al sistema político francés y a los partidos no se convirtió en una organización nacional estable capaz de continuar la acción tras el declive de las protestas. Esa debilidad aparece después del primer éxito: la atención se dispersa, la gente vuelve a su vida cotidiana y faltan conocimientos y herramientas para sostener años de lucha.

La izquierda queda así expuesta a la reacción de sus adversarios. También ocurrió en Rusia: incluso en épocas menos represivas, las protestas a menudo terminaban según la amarga fórmula «gritamos y nos fuimos a casa». Al apagarse las manifestaciones, las autoridades respondían con procesos penales, leyes más restrictivas y presión sobre las organizaciones cívicas. Incluso las protestas consideradas «apolíticas» sufren una fuerte represión. Los sindicatos han quedado en gran medida bajo control estatal y la legislación es tan restrictiva que las huelgas resultan prácticamente imposibles.

Las oficinas regionales de Navalni y las iniciativas de apoyo a detenidos y presos políticos mostraron cómo podía sostenerse la resistencia de la sociedad civil. Fueron de los primeros esfuerzos organizativos que sufrieron represión, lo que demuestra la amenaza que la dictadura de Putin ve en las estructuras duraderas. En 2021, la Fundación Anticorrupción (FBK) y la red de Navalni fueron declaradas «extremistas» y prohibidas. El movimiento de observación electoral Golos recibió la etiqueta de «agente extranjero» y sus miembros sufrieron después registros y procesos penales. OVD-Info también fue declarado «agente extranjero» y su web quedó bloqueada. Memorial fue disuelto judicialmente a finales de 2021. Esto también revela la vulnerabilidad de los movimientos organizados: organizarse los convierte en un objetivo más claro para el Estado. Pero ¿puede la fragmentación ser la respuesta?

¿Cómo recuperar la confianza en el futuro?

A la izquierda no le basta con transformar el lenguaje del debate para cambiar la opinión pública. Aspira a transferir el control sobre la propiedad, el dinero, la protección social y las decisiones políticas a otros actores. Para eso hacen falta organizaciones fuertes y duraderas.

Deberíamos aprender de los logros de nuestros adversarios. El éxito de la derecha no se limita a jóvenes que dan «me gusta» a tuits provocadores. Las fuerzas más exitosas de la nueva derecha combinan la hiperpolítica con la construcción tradicional de partidos. Alternativa para Alemania (AfD), por ejemplo, ha creado secciones locales y regionales, órganos partidarios y una base militante estable, mientras utiliza las redes para movilizar a simpatizantes mucho más allá de su afiliación formal. Fundada en 2013 como partido euroescéptico, se convirtió en una fuerza ultraderechista de agenda etnonacionalista; varias secciones regionales han sido clasificadas como extremistas y el partido ha estado sometido a vigilancia de los servicios de inteligencia. Ese trabajo organizativo ha dado frutos: Tobias Rausch, de AfD, fue elegido presidente del parlamento de Sajonia-Anhalt el 6 de octubre de 2026.

Esta década puede ser la más oscura que recuerda nuestra generación. Los conflictos armados han alcanzado cifras récord desde la Segunda Guerra Mundial, y la popularidad de la extrema derecha en las democracias ha superado los niveles registrados desde los años cuarenta. Pero también es posible vencer en épocas de reacción, igual que perder en momentos más favorables. La Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoció el derecho al voto de las mujeres, fue ratificada en 1920, en pleno resurgimiento del Ku Klux Klan.

Hoy también son posibles las victorias progresistas: el éxito de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, la legalización del matrimonio igualitario en once países en cinco años y la regularización de migrantes sin autorización de residencia en España. En abril de 2026, el gobierno español abrió una vía para obtener residencia legal y permiso de trabajo a personas que ya vivían en el país sin documentación. En dos meses y medio se presentaron más de 1,17 millones de solicitudes, el doble de lo previsto, y casi 610.000 personas recibieron permisos temporales. Los partidos de derecha PP y Vox intentan anular el programa ante el Tribunal Supremo.

Para recuperar la confianza en el futuro debemos salir del círculo de polarización en el que cada conflicto divide aún más a la sociedad. La base deben ser organizaciones que unan a las personas mediante objetivos comunes y compromisos recíprocos, y puedan mantener juntas a personas con ideas distintas durante mucho tiempo. Es lo contrario de las comunidades efímeras que no soportan sus contradicciones internas. El futuro será de quienes estén dispuestos a trabajar con el 99,5% de los rusos que siguen en Rusia, y a recordar que actuamos por el bien común, no por nuestro ego.