Los salarios y las condiciones laborales del profesorado han vuelto a ser objeto de intensas negociaciones políticas en Letonia. En los últimos meses, el Sindicato Letón de Trabajadores de la Educación y la Ciencia, LIZDA, ha retomado las conversaciones con el Gobierno, esta vez tanto sobre los salarios como sobre un nuevo sistema para calcular la carga de trabajo. Ante las elecciones parlamentarias del 3 de octubre, los políticos también empezaron, de repente, a escuchar a los docentes con especial atención.

No fue casualidad. Desde la primavera de 2023, cuando tuvo lugar la mayor huelga docente de la historia del país, LIZDA se ha convertido en una organización con la que el Gobierno debe negociar casi cualquier nueva decisión sobre salarios, financiación escolar o jornada laboral del profesorado.

Pude observar aquella huelga y cómo sus resultados se fueron materializando paso a paso. Parecía un caso práctico de un manual para activistas sindicales: cómo los trabajadores del sector público de uno de los países europeos menos prósperos intentan conseguir aumentos salariales y conservar lo conquistado.

Letonia está, en efecto, entre los países de la UE con salarios medios relativamente bajos. Pero los ingresos de los hogares aumentan poco a poco y el sindicato vigila qué parte del presupuesto se destina a los salarios del personal educativo, interviniendo regularmente en las negociaciones presupuestarias.

Tres días de huelga

A finales de 2022, tanto los medios en ruso como los medios en letón publicaban regularmente informaciones sobre los salarios vergonzosamente bajos de los docentes y del personal de educación infantil. La cifra media que se mencionaba rondaba los 1.000 euros.

También entonces se habían celebrado elecciones parlamentarias, acompañadas de una avalancha de promesas. Como suele ocurrir, muchas ya se habían olvidado a principios de 2023 y el sindicato empezó a amenazar con paralizar las clases. Se hablaba de la amenaza, pero pocos parecían tomarla en serio.

Había otra dificultad. Las antiguas escuelas de enseñanza en ruso estaban pasando a impartir las clases en letón. Algunos podían confiar en que los colectivos docentes de distintas comunidades lingüísticas no lograrían ponerse de acuerdo. Pero lo lograron.

Durante la huelga, del 24 al 26 de abril de 2023, estuve en Kauguri, en el extremo occidental de Jūrmala. Es un antiguo barrio obrero construido en las décadas de 1970 y 1980, con bloques de viviendas de cinco y nueve plantas de diseño estándar.

Al pasar junto a las escuelas, veía pequeños grupos de docentes ante casi todas las entradas principales, a veces con pancartas y banderas nacionales. Todo parecía pacífico, pero había tensión: los huelguistas de una escuela no siempre sabían si sus colegas de los centros vecinos también estaban secundando el paro. Al mediodía, sin embargo, quedó claro que la huelga estaba en marcha.

Más tarde aclaré algunos detalles con Nelda Ose, profesora de artes visuales y diseño en una escuela de Jūrmala y participante en las protestas. Me interesaba especialmente la postura de las direcciones. «Dejaban que todo el mundo fuera a la concentración», contaba Nelda. «Supongo que también les interesaba que nos subieran el sueldo. Ellos ya cobran bien».

¿Hubo unidad entre el profesorado de habla letona y el de habla rusa? «Compartíamos las mismas reivindicaciones», explicó Nelda. «¿Y el idioma? Todos podíamos hablar las dos lenguas. Pero no sé con qué facilidad permitían otras direcciones que su personal acudiera. No en todas partes fue como en mi escuela. La verdad es que, en la plaza, durante la concentración, no oí hablar ruso, solo letón». Las diferencias lingüísticas no impidieron la movilización conjunta. Los salarios y la carga de trabajo pesaron más.

Solo en Riga, unas 160 escuelas suspendieron las clases y se sumaron los centros de educación infantil. El trabajo de organización y movilización de los activistas sindicales fue impresionante. En Latgale, donde la proporción de población rusófona es especialmente elevada, se paralizaron las clases en casi todas las escuelas. Más de 19.000 docentes participaron en la huelga de tres días. A la gran marcha de Riga acudieron más de 8.000 personas; junto al profesorado y al personal de educación infantil se movilizaron trabajadores de la sanidad.

El 24 de abril, incluso el entonces primer ministro, Krišjānis Kariņš, salió del edificio del Gobierno para acercarse a los manifestantes. Salió, sí, y representantes del ministerio intervinieron en la concentración, pero las negociaciones posteriores duraron aproximadamente otro mes y fueron muy difíciles. Su principal resultado fue un acuerdo para aumentar gradualmente la remuneración del profesorado.

Subidas salariales sucesivas

El salario mínimo por hora subió a 8,50 euros el 1 de septiembre de 2023 y a 9,54 euros el 1 de enero de 2024. El 1 de enero de 2025 alcanzó los 9,79 euros por hora, equivalentes a 1.566 euros al mes con una jornada completa de 40 horas semanales. En 2026 no hubo subida: el Gobierno congeló los salarios del sector público. Sin embargo, se aprobó un nuevo calendario que prevé alcanzar los 10,35 euros por hora en enero de 2027 y aumentos anuales del 5,75 % hasta llegar a 12,24 euros en 2030.

El salario mínimo por hora y lo que cobra realmente cada docente son cosas muy distintas. El Ministerio de Educación sitúa el salario medio del profesorado en el curso 2025/26 en 1.841 euros mensuales, calculado en equivalente a jornada completa. Aproximadamente una cuarta parte del profesorado cobra el mínimo. Pero «en equivalente a jornada completa» es decisivo: muchos docentes no tienen una jornada completa y sus horas dependen mucho de la asignatura y del centro.

Por eso, el debate pasó gradualmente del salario por hora a otra cuestión: ¿qué debe considerarse una carga docente completa? El profesorado no solo imparte clases. También corrige trabajos, prepara las lecciones, elabora programas y se comunica con las familias. Todo ello es tiempo de trabajo, aunque puede contabilizarse de formas muy diferentes.

El debate sobre las cuarenta horas

En 2026, el Ministerio de Educación propuso un criterio único: considerar jornada completa una semana laboral de 40 horas para todas las categorías docentes.

Sobre el papel parece lógico. Hasta ahora, una jornada completa podía suponer 30, 36 o 40 horas, según el grupo de docentes. El ministerio sostiene que el nuevo sistema no obligará a trabajar más: solo cambiará la manera de contabilizar el tiempo de trabajo. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de septiembre de 2027.

El sindicato advirtió un riesgo. La presidenta de LIZDA, Inga Vanaga, alertó de que recalcular mecánicamente las jornadas sobre una base de 40 horas podría reducir ligeramente los ingresos de unos 40.000 docentes. Por ejemplo, las 36 horas asignadas a un profesor, hoy consideradas jornada completa, podrían pasar a equivaler al 90 % de una jornada.

El Gobierno habla de un cambio técnico en el sistema de cómputo. El sindicato examina la misma fórmula desde otro ángulo: cuánto dinero cobrará cada persona. Tras las objeciones sindicales, el sistema no se aplicó de inmediato. Sus parámetros siguen debatiéndose y la transición se ha aplazado hasta septiembre de 2027.

680 millones de euros para la financiación escolar

La lucha ha dado otro resultado. El 1 de septiembre de 2026 empezó a aplicarse un nuevo sistema de financiación escolar, «Programma skolā» («Programa escolar»). La financiación estatal de los salarios docentes se calcula ahora con una metodología que debe tener en cuenta el programa educativo, las necesidades del centro y los gastos del personal de apoyo, además del número de alumnos, que era la base del anterior modelo de «el dinero sigue al alumno».

Solo para introducir el modelo en 2026 se han previsto 45 millones de euros adicionales. A finales de septiembre, el Gobierno distribuyó entre los municipios casi 680 millones de euros en subvenciones destinadas a los centros educativos, teniendo ya en cuenta el nuevo sistema.

No han terminado las disputas sobre el modelo. Quedan preguntas sobre los criterios para las escuelas pequeñas, especialmente en zonas rurales y fronterizas. Pero el cambio importa por sí mismo: un debate que comenzó con el salario de un docente ha pasado a abordar la estructura de todo el sistema de financiación escolar.

Un acuerdo con una alianza política

Lo ocurrido justo antes de las elecciones parlamentarias de este año resulta especialmente revelador. El 30 de septiembre, apenas tres días antes de la votación, LIZDA firmó un acuerdo escrito con la alianza política Jaunā Vienotība («Nueva Unidad»).

No es un pequeño partido marginal. Jaunā Vienotība es una alianza de centroderecha firmemente europeísta, formada en torno al partido Vienotība. Sus representantes llevan años en el centro de la política letona. A esta fuerza pertenecían Krišjānis Kariņš, que encabezó gobiernos desde 2019, y Evika Siliņa, primera ministra desde 2023 hasta mayo de 2026. Tras la dimisión de Siliņa, la alianza siguió en el poder al incorporarse al nuevo Gobierno de Andris Kulbergs junto con Lista Unida, la Alianza Nacional y la Unión de Verdes y Campesinos. En la Saeima saliente, el Parlamento letón, Nueva Unidad conservaba el mayor grupo parlamentario entre esos cuatro socios, con 25 diputados.

Es decir, quien firmaba un acuerdo con el sindicato tres días antes de las elecciones era una fuerza política que llevaba años participando directamente en la elaboración de las políticas del Estado.

El acuerdo era concreto. Jaunā Vienotība se comprometió a promover el cumplimiento del calendario aprobado, con subidas anuales del 5,75 % del salario mínimo docente entre 2027 y 2030. También se acordó revisarlo cada año para que el salario medio del profesorado alcanzara al menos el 120 % del salario medio nacional. Se incluyeron además la continuidad de «Programma skolā», la regulación de la carga de trabajo, la dotación de psicólogos, logopedas y docentes de educación especial en las escuelas, y la formación continua del profesorado. Las partes también acordaron impulsar la inclusión de la educación y la ciencia entre las prioridades de la declaración programática del próximo Gobierno.

Inga Vanaga explicó el sentido de estos acuerdos preelectorales de forma sencilla: el sindicato quiere que los partidos asuman compromisos concretos que se les puedan exigir después, en lugar de limitarse a prometer mejoras antes de las elecciones.

Los resultados electorales añadieron cierta ironía a la historia. El 3 de octubre, Jaunā Vienotība obtuvo alrededor del 6,4 % de los votos y siete escaños en la nueva Saeima, frente a los 26 logrados cuatro años antes. Fue el peor resultado parlamentario de la alianza en los últimos años. La vencedora, Lista Unida, consiguió 41 escaños.

Por tanto, Nueva Unidad tendrá bastante menos influencia que cuando contribuía a determinar la composición del Gobierno. A mediados de octubre aún no habían concluido las negociaciones de coalición. La alianza se había declarado dispuesta a participar, pero con siete diputados ya no podía desempeñar el mismo papel que en la legislatura anterior.

Para LIZDA, sin embargo, quizá eso no sea lo esencial. El sindicato no firma acuerdos porque quiera respaldar a un partido concreto. Le importa más obligar a las fuerzas políticas a fijar sus posiciones de antemano y recordarles sus compromisos después de las elecciones.

Una lucha continua

La huelga dio resultados. El Gobierno se vio obligado a negociar. Subieron los salarios por hora. Cambió el sistema de financiación escolar. El sindicato participa en el debate sobre el tiempo de trabajo y consigue aplazar cambios que considera peligrosos. Antes de las elecciones, los partidos ya firman acuerdos específicos con él. Pero tres días de huelga no podían garantizar de golpe el bienestar económico de todo el profesorado. No eliminaron las diferencias entre asignaturas, centros y cargas de trabajo. Tampoco hicieron irreversible ninguna subida salarial.

Nelda Ose lo explica así: «Formalmente ha subido el salario por hora. Por lo que veo, quienes enseñan matemáticas o lengua letona, por ejemplo, cobran más. Es decir, han mejorado los salarios de quienes tienen muchas horas. Pero en mi caso no ha cambiado nada. El programa dedica a mi asignatura un par de horas semanales. Antes cobraba 900 euros y sigo cobrando lo mismo. Se puede vivir, pero con muchas dificultades».

Eso significa que el sindicato no puede bajar la guardia. Casi cada conquista debe defenderse de nuevo con el siguiente presupuesto, la siguiente reforma y el siguiente Gobierno. La experiencia letona sí parece un caso práctico de un manual para activistas sindicales. Pero su lección no es que una gran huelga resolviera de una vez el problema salarial. Le dio al sindicato otra cosa: la capacidad de obligar al Gobierno y a los partidos a volver una y otra vez a la mesa de negociación.

Después comienza la parte menos vistosa, pero quizá igual de importante, del trabajo sindical: convertir esa fuerza en salarios por hora, jornadas, partidas presupuestarias y normas concretas, y evitar que mañana se pierda lo conquistado hoy.