Emigrar porque en casa no hay oportunidades suficientes

En julio de 2026, en una obra de construcción en Moscú, a los migrantes, entre ellos ciudadanos de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, se les obligó a moverse en cuclillas durante una redada. Según uno de los trabajadores uzbekos, primero reunieron a la gente y les obligaron a moverse de manera humillante, y solo después verificaron sus documentos. Según él, los documentos de aquellos a quienes se les obligó a ir en cuclillas estaban en orden.

Este no es el primer episodio de este tipo. En 2025, durante redadas en Moscú y San Petersburgo, los migrantes informaron sobre golpes, insultos y otras formas de trato cruel por parte de las fuerzas del orden. En Kazán, en enero de 2025, un migrante uzbeko relató que durante una redada en el mercado central, los funcionarios de las fuerzas del orden rusas aplicaron fuerza a ciudadanos de Uzbekistán.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han descrito esta situación como una tendencia más amplia. En un estudio basado en entrevistas con 20 migrantes de Asia Central, incluidos cuatro ciudadanos de Uzbekistán, se registró perfilamiento étnico, detenciones arbitrarias, violencia, extorsión y trato humillante. También se describieron casos de presión ejercida sobre los migrantes tras el ataque al «Crocus City Hall».

Pero la cuestión comienza aún antes de que una persona se encuentre con la policía rusa. ¿Por qué termina en una situación en la que está obligado a soportar un trato semejante?

Para muchos ciudadanos de Uzbekistán, la migración laboral no comienza con el deseo de ver otro país, sino con la falta de oportunidades en casa. En 2025, se contaban oficialmente alrededor de 744,9 mil desempleados. Sin embargo, la propia estadística no refleja toda la problemática: una persona puede tener formalmente un empleo, pero no contar con ingresos estables suficientes para su familia, o no encontrar trabajo en su lugar de residencia. La estadística oficial del desempleo muestra solo la parte registrada y estadísticamente determinada de este problema.

Incluso el aumento en el número de vacantes no implica automáticamente una mejora en la situación de los trabajadores. En el cuarto trimestre de 2025, el número de vacantes en la construcción aumentó un 32,6 por ciento, mientras que los salarios reales en este sector solo crecieron un 0,6 por ciento. Los puestos de trabajo aparecen, pero esto no necesariamente significa empleo que permita a una persona abandonar la migración.

En la primera mitad de 2026, Uzbekistán recibió $9,3 mil millones en remesas, lo que representa un 13 por ciento más que el año anterior. El Banco Central atribuye este crecimiento, entre otros factores, a la alta demanda de mano de obra y a salarios más elevados en el extranjero. Detrás de esta cifra se encuentran personas que viven lejos de sus familias durante meses y trabajan dentro de un sistema jurídico ajeno.

Por lo tanto, la migración laboral para Uzbekistán no es solo una cuestión económica. Revela hasta qué punto está protegida una persona cuando su único activo en el mercado laboral es su propia fuerza de trabajo, mientras que sus debilidades siguen siendo los documentos, el estatus migratorio y la dependencia del empleador.

Rusia y el precio de la vulnerabilidad

Las reglas rusas para los migrantes se han vuelto cada vez más estrictas en los últimos años. En 2025 se introdujo un registro de personas controladas, ampliando las capacidades del Estado para restringir los derechos de los extranjeros con problemas en sus documentos o estatus. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos también registraron redadas regulares, detenciones arbitrarias y medidas discriminatorias contra los originarios de Asia Central.

Para una persona sin un estatus migratorio estable, cualquier verificación de este tipo puede tener consecuencias graves. El empleador obtiene una palanca adicional de presión, mientras que el trabajador comienza a temer acudir a la policía o a la inspección laboral. Si a esto se suma la retención del pasaporte, el retraso en el pago de salarios o la amenaza de deportación, el derecho formal de presentar una queja ya no significa la posibilidad real de ejercer ese derecho.

Esto es particularmente peligroso en casos de reclutamiento militar. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron situaciones en las que se ofrecía a los migrantes firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso tras detenciones o bajo amenaza de deportación.

Uno de los migrantes uzbekos contó que, tras ser detenido por problemas con sus documentos, se le ofreció elegir entre la deportación y participar en la guerra. Según él, los policías rusos lo obligaron a firmar documentos presentados como papeles para la deportación, aunque en realidad se trataba de un contrato militar. Al respecto, el medio uzbeko local Kun.uz relató este hecho.

En otro caso, un ciudadano de Uzbekistán de 23 años viajó a Rusia con fines laborales, pero, según sus propias palabras y las de su padre, fue engañado para ser enviado a la guerra. Acabó formando parte de un grupo de aproximadamente 100 soldados de diversas nacionalidades; se negó a obedecer órdenes y, según él, recibió golpes y fue encerrado. En julio de 2026, un tribunal uzbeko lo condenó a 3,6 años de restricción de libertad.

No se puede afirmar que cada ciudadano de Uzbekistán que terminó en el ejército ruso haya sido forzado. Alguien podría haber firmado conscientemente el contrato esperando dinero o la ciudadanía rusa. Pero para una persona que se encuentra en un centro de detención temporal, no tiene documentos y depende de la decisión de un funcionario de seguridad ruso, la noción de elección voluntaria se vuelve mucho más compleja.

Según proyectos de derechos humanos, en 2026 12 666 ciudadanos de países de Asia Central estuvieron vinculados a contratos del Ministerio de Defensa ruso, incluidos 4 853 ciudadanos de Uzbekistán. Estas cifras no muestran el número total de ciudadanos de Uzbekistán que se encontraban en las filas del ejército ruso. Sin embargo, incluso ellas muestran la magnitud de lo que está ocurriendo. Los casos de reclutamiento de trabajadores migrantes ya no pueden percibirse como historias aisladas.

La investigación de periodistas independientes estableció las identidades de al menos 229 ciudadanos de Uzbekistán fallecidos en las filas del ejército ruso. Esta no es una lista completa de los fallecidos, sino solo los nombres confirmados a través de fuentes abiertas. Detrás de cada apellido hay una familia que esperaba a la persona que había partido para trabajar.

Este año otra tragedia relacionada con el destino de los migrantes uzbekos en Rusia provocó un amplio debate en el segmento uzbeko de las redes sociales. En agosto de 2026, siete ciudadanos de Uzbekistán fallecieron en Tatarstán como resultado de un ataque de drones. No eran militares y se encontraban en Rusia para trabajar. Llegaron allí a trabajar, pero fallecieron en el país que se había convertido en una zona de riesgos militares, con los que no tenían ninguna relación.

Al mismo tiempo, Uzbekistán no publica estadísticas completas sobre la muerte de sus ciudadanos en el extranjero, el retorno de los cuerpos a la patria, casos de violencia, detenciones y explotación laboral. Como resultado, resulta difícil comprender qué tan extendidas son estas problemáticas y qué tan eficazmente responde el Estado ante ellas. Para un país cuya economía depende en gran medida de las remesas de los migrantes, tal opacidad se presenta como especialmente problemática.

La protección de los ciudadanos no debe depender de la política

La migración laboral ha dejado hace mucho de ser solo una cuestión de ganancia. Para miles de ciudadanos de Uzbekistán está vinculada al riesgo de violencia, explotación, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, a la amenaza de verse involucrados en una guerra ajena. Al mismo tiempo, la respuesta estatal suele hacerse notable solo después de que la violación de derechos recibe atención pública.

Esto se manifiesta con especial agudeza en las relaciones con Rusia. Los vínculos económicos e intereses de Taskent son comprensibles, pero no deben determinar los límites de la protección de los ciudadanos. Si la humillación de los migrantes se repite tras las gestiones diplomáticas, significa que las medidas existentes son insuficientes. La protección del ciudadano no puede depender de qué tan conveniente o inconveniente resulte este tema para el Estado.

Los migrantes siguen siendo ciudadanos de Uzbekistán también fuera del país. Envían miles de millones de dólares a casa, sostienen a sus familias y apoyan la economía, pero a cambio tienen derecho a esperar no solo el reconocimiento de su contribución económica. Tienen derecho a protección, acceso a asistencia y respeto a su dignidad humana.

Uzbekistán no puede controlar las acciones de las autoridades rusas, pero sí puede señalar con mayor claridad las consecuencias de las violaciones cometidas contra sus ciudadanos, lograr el acceso a ellos tras detenciones y proteger sistemáticamente sus derechos. De lo contrario, la prudencia diplomática corre el riesgo de convertirse en una aceptación silenciosa de una situación en la que un ciudadano se queda solo frente al sistema, significativamente más poderoso que él.