La Francia de Emmanuel Macron pierde una oportunidad de mejorar la situación de los trabajadores de plataformas en general y de los repartidores en bicicleta en particular, símbolos de la uberización del empleo. Al igual que los veintisiete miembros de la Unión Europea, el país tiene hasta el 2 de diciembre de 2026 para transponer al derecho nacional la directiva europea relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.

Avances tímidos

Hasta el final, Francia puso obstáculos y finalmente votó, durante los debates de la Comisión Europea, en contra de este texto, adoptado el 23 de octubre de 2024. Nada de extrañar cuando se piensa en ello. Las revelaciones conocidas como Uberfiles habían mostrado cómo el presidente de la República, entonces ministro de Economía bajo François Hollande, había favorecido el desarrollo de Uber y de su modelo económico basado en la explotación de los trabajadores, obligados a adoptar el estatus de autónomos.

¿Qué dice pues esta directiva a la cual el macronismo se opuso ferozmente? Busca corregir el «falso trabajo autónomo» estableciendo una presunción legal refutable de relación laboral. Es decir, toda persona que trabaje para Uber, Deliveroo y empresas similares se supone que es asalariada, salvo que la plataforma pruebe lo contrario. Corresponde a los Estados, y es ahí donde la directiva permanece deliberadamente ambigua, precisar las modalidades de aplicación del texto validado por el Parlamento Europeo. La directiva es más clara sobre la regulación de la gestión algorítmica y la exigencia de una mayor transparencia de los sistemas de vigilancia.

No toques mi Uber

Para cumplir con sus obligaciones, en febrero de 2026 el gobierno encargó a Jérôme Marchand-Arvier, Nathalie Collin y Antoine Bergeaud, respectivamente consejero de Estado, directora general de la rama digital de La Poste y profesor de economía, «identificar varios escenarios de transposición». La carta de misión desvanece toda ambición de avances concretos para los trabajadores de las plataformas. Alabando el hecho de que «la economía de las plataformas ha creado nuevos servicios, impulsado un enfoque de innovación que beneficia a la competitividad de las empresas», la carta establece un «equilibrio que permita tanto consolidar los derechos de los trabajadores de plataformas como mejorar sus condiciones de trabajo, sin desestabilizar el desarrollo de estas nuevas formas de empleo ni desalentar la innovación».

Mensaje recibido alto y claro por el triunvirato que, en sus primeras orientaciones presentadas en septiembre de 2026, aconseja «no alterar el equilibrio actual del marco jurídico del trabajo asalariado y autónomo». En lugar de una presunción automática a priori, los expertos designados recomiendan solo una «simplificación procesal sustancial para una resolución más rápida ante los tribunales laborales».

Muy lejos, muy lejos de las posiciones de la CGT que reclama «la puesta en marcha de una presunción automática y colectiva de relación laboral que permitiría reconocer como asalariados a miles de falsos autónomos», explica Laurent Baratin, consejero confederal encargado del empleo y del seguro de desempleo. «No sé en qué medida un repartidor que gana 5 euros por hora acudirá a los tribunales laborales para que su contrato sea recalificado como contrato de trabajo», añade Arthur Hay, responsable de incidencia política en la casa de los repartidores de Burdeos, el cual añade que «el gobierno realmente no quiere reconocer la presunción de relación laboral».

Arpe, la bestia negra de los sindicatos

Otro motivo de preocupación para las organizaciones sindicales y los colectivos de repartidores en bicicleta es la posibilidad de reforzar los poderes de la Arpe (Autoridad de Relaciones Sociales de las Plataformas de Empleo), puesta en marcha en 2021, bajo la doble tutela de los ministerios de Trabajo y Transportes. «La bestia negra de las organizaciones sindicales», según Laurent Baratin. «Esta pseudoinstancia de negociación, esencialmente en manos de las plataformas, elude las negociaciones sectoriales y sirve de coartada para un tercer estatus destinado a eximir a las empresas contratantes de sus obligaciones como empleadoras. Según las orientaciones de la misión gubernamental, se trataría de reforzar sus prerrogativas, especialmente en materia de control, en detrimento de las de la inspección del trabajo».

Sobre la gestión algorítmica, vigilancia policial moderna, la misión aconseja «hacer de la transparencia algorítmica una realidad concreta y útil».

Mientras que una conferencia de prensa estaba prevista este jueves 22 de octubre para presentar el informe sobre la transposición de la directiva europea, el Ministerio de Trabajo la canceló a última hora, por asuntos de actualidad más urgentes. Ya el pasado 11 de septiembre, el ministro de Trabajo Jean-Pierre Farandou había declarado a la AFP que «la directiva europea no podrá ser transpuesta antes de la fecha límite del 2 de diciembre y difícilmente antes del final del quinquenio». «El gobierno actual no quiere una transposición, o a lo sumo una transposición mínima que ratificaría la existencia de un tercer estatus desfavorable para los trabajadores», comenta Ludovic Rioux, de la CGT transports.

1480 euros brutos por mes por 63 horas de trabajo a la semana

No obstante, hay urgencia, dada la penosa vida cotidiana con la que lidian los trabajadores de plataformas. Un estudio realizado conjuntamente por un equipo de investigadores (Institut de Recherche pour le Développement-IRD e Institut national d'études démographiques-Ined) y Médecins du Monde entre mil repartidores en bicicleta y publicado el pasado marzo ponía de relieve los efectos de la uberización sobre la salud física y mental de los repartidores en bicicleta, hoy mayoritariamente inmigrantes sin papeles.

La encuesta, inédita por su magnitud, establece que los repartidores en bicicleta trabajan duramente en promedio 63 horas a la semana, con ingresos en disminución constante que se sitúan en promedio en 1480 euros brutos al mes. Es decir, un ingreso horario medio inferior a 6 euros brutos, o un pago por reparto de 4,55 euros brutos. El ritmo frenético, la presión constante que ejerce la gestión algorítmica y la inseguridad económica dañan los cuerpos y la mente. El 58,7% de los repartidores ya han tenido al menos un accidente en el marco de su trabajo; un tercio sufre dolores de estómago y trastornos urinarios; la mitad, falta de aire y problemas de sueño. El 44% considera que sufre malestar psicológico. El 42% dice haber pasado al menos un día sin comer durante los últimos doce meses.

El 6 de octubre de 2026, la Corte de Casación confirmó la condena pronunciada en abril de 2022 contra antiguos directivos de Deliveroo por trabajo no declarado, al haber impuesto abusivamente el estatus de autónomos a repartidores colocados bajo su control. A pesar de ello, el gobierno prefiere congratularse del rápido crecimiento de las plataformas digitales, que según sus cálculos vieron sus ingresos multiplicados por cinco entre 2016 y 2020. En su forma de pensar, la razón del más fuerte es siempre la mejor.