¿«Saqueadores», «ultraizquierdistas», «sediciosos»? Las historias de los jóvenes acusados por los saqueos del 17 de octubre

Las imágenes de escaparates destrozados en boutiques de lujo y pequeños comercios han situado a estos jóvenes en el centro de una tormenta política y mediática. El gobierno los llama «sediciosos y chusma», supuestamente infiltrados por la «ultraizquierda». Pero ante el tribunal, ellos y sus familias cuentan otra historia.

Cinco togas negras, después diez, luego veinte: entre el roce de las telas y el golpeteo de los tacones en el Palacio de Justicia de París, los abogados se reúnen ante la jueza que preside la sala. «Estuvimos en estas manifestaciones. También nos lanzaron gases lacrimógenos. También vimos la violencia», comienza Romain Ruiz. La inusual intervención colectiva, protagonizada sobre todo por miembros del Syndicat des avocats de France y del Collectif d’action judiciaire, precede a los juicios del 20 de octubre contra jóvenes acusados de los saqueos del fin de semana. Se tramitan por comparution immédiate, el procedimiento francés de enjuiciamiento inmediato tras la detención policial.

«Lo que nos aterra desde esta mañana es que casi todos los que esperan comparecer en los calabozos de este tribunal tienen la cara hinchada por los golpes. Casi todos llegarán después de haber sido maltratados bajo custodia policial, que ahora nos dicen que puede durar 72 horas». Mientras se suceden denuncias de malos tratos a menores y jóvenes adultos detenidos durante las protestas, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha pedido a las fiscalías que recurran a detenciones de tres días, normalmente reservadas a la delincuencia organizada.

El 19 de octubre, el ministro de Justicia visitó personalmente el tribunal de París, algo excepcional: la última visita comparable se produjo tras los atentados de 2015. «Lo interpretamos como una presión a los jueces para lograr una represión mayor e indiscriminada», denuncian los abogados. «Nuestra profesión jamás aceptará presiones sobre la justicia. Tampoco que traigan ante ustedes a niños con el rostro desfigurado por los golpes para juzgarlos de inmediato», insiste Ruiz.

«Ante un poder cada vez más autoritario, les pedimos una forma de resistencia. Una de ellas consiste simplemente en aplicar la ley», concluye solemnemente Seydi Ba, abogado del Colegio de París.

Pero ¿qué queda del derecho en estos días excepcionales, con los calabozos judiciales llenos de adolescentes y jóvenes adultos acusados de destrozar y robar comercios? Los responsables políticos los llaman «saqueadores», «delincuentes» y «ultraizquierdistas». La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, habla incluso de «sediciosos y chusma». Las trayectorias de quienes comparecen el 20 de octubre contradicen esas etiquetas. Sus historias diversas muestran otra realidad.

La mayoría procede de familias de bajos ingresos o de clase media. Algunos actuaron el 17 de octubre movidos por la indignación ante el coste de la vida; otros se dejaron llevar por sus amigos. Casi todos carecen de antecedentes penales. Nadie se identifica con la «ultraizquierda». Sin embargo, su derecho a un juicio justo suele sacrificarse en aras de una justicia apresurada.

«Cogí unos calcetines y un hombre me los cambió por un abrigo»

«¿Giorgio Armani? No sé nada de eso. No voy de negro, no llevo pasamontañas: ¡si hasta llevo unos Crocs!», se defiende Sadio, acusada de robar bolsos de lujo y perfumes de la marca italiana. La joven de veinte años, vestida con un chándal gris, apoya todo el cuerpo en la barandilla del banquillo. Su respiración agitada se oye por el micrófono.

«Pasé por delante de JD Sports en Châtelet, vi que lo habían destrozado y cogí unos calcetines», reconoce. «Luego un señor me propuso cambiarlos por un abrigo y acepté. La multitud empezó a moverse, me asusté y dejé el abrigo en el suelo. Cuando me detuvieron después, mientras preguntaba una dirección a una señora, ya no llevaba nada».

Sadio vive con sus padres y se forma como auxiliar de enfermería mediante el Contrat d’engagement jeune del servicio local de empleo juvenil. Recibe 500 euros mensuales. Enfrente, el fiscal vacila ante el expediente en su ordenador. «He releído el atestado y, en efecto, los documentos no permiten vincular su caso con Giorgio Armani», murmura. Tras unas gruesas gafas negras rectangulares, reconoce que corresponde absolverla. Su abogada lo celebra y los jueces aceptan. Sin pruebas para sostener la acusación, Sadio queda absuelta. Incluso lo que reconoce sobre los calcetines abandonados no figura en los cargos. Ha pasado 48 horas detenida para nada.

El derecho a la defensa, vulnerado

Como Sadio, la mayoría de los jóvenes que comparecen ese día no tiene antecedentes y lleva una vida normal. Trabajan mientras estudian o se dedican únicamente a trabajar, a menudo en servicios esenciales: recogida de basura, reparto o logística. Casi todos tienen familias que, aunque a veces pasan dificultades económicas, están dispuestas a apoyarlos.

Muchos padres están en la sala. La policía llamó a Yaël a las seis de la mañana para decirle que juzgarían a su hijo esa misma mañana. Acababa de terminar el turno de noche. «Trabajo en logística, descargando camiones. Volví a casa para desayunar algo y conduje dos horas desde Essonne hasta aquí», cuenta. Es una mujer alerta y observadora, con mirada firme tras las gafas y las manos en los bolsillos de su sudadera oscura.

Pero pasa el día y Yaël sigue sentada viendo comparecer a otros jóvenes. Solo al final de la tarde le comunican que su hijo no tiene abogado. Nadie sabe nada del letrado de oficio que debía defenderlo. Sin él no puede comenzar el juicio. La madre busca otro con urgencia.

Omar espera en el pasillo, pendiente del PSG–Barcelona, el gran partido de la Liga de Campeones de ese día. El taxista ha pedido un día libre de urgencia tras recibir una llamada sobre su hijo, amigo del de Yaël. También acaba de saber que la falta de abogado impide iniciar el juicio. Calvo, con polo azul oscuro, preocupado y de voz grave, contrata por teléfono a una abogada en cinco minutos, pese al ruido del pasillo. Apenas tiene tiempo de responder a sus preguntas sobre la vida de su hijo.

«Había videojuegos en el suelo. Recogí un mando»

Los hijos comparecen casi a las nueve de la noche junto con otros dos amigos, acusados de robar mandos de videojuegos y cosméticos Yves Rocher. «Vine a manifestarme con mis amigos. Vi tiendas que estaban siendo saqueadas y solo recogí un mando del suelo», reconoce el hijo de Omar, de dieciocho años, que estudia un BTS, una titulación superior de formación profesional, en gestión comercial internacional.

El hijo de Yaël, que trabaja en almacenes de Amazon desde principios de mes, no inventa motivos nobles para estar allí el 17 de octubre. «No tenía reivindicaciones concretas. Seguí a la multitud. La policía nos empujó hacia una calle. Había tiendas saqueadas y videojuegos en el suelo. Recogí un mando, lo metí en la mochila y puse caramelos encima». La jueza pregunta por qué. «No lo sé. Fue una estupidez. Lo siento», responde.

Los otros dos amigos niegan toda implicación. Uno cursa el último año de bachillerato profesional, alternando clases y trabajo para ser instalador de aire acondicionado. «Estaba allí por la educación, contra el precio de la gasolina y el coste de la vida. Vi gente destrozando cosas, pero yo no participé ni recogí nada. ¿Para qué quería productos Yves Rocher?»

El otro reparte productos domésticos en una empresa de inserción laboral por 1600 euros al mes. Es el único con carné de conducir. Había ido a buscar a los otros tres cuando la policía detuvo y registró el coche. «Creían que lo estábamos robando», suspira. «Mis amigos me llamaron para llevarlos a casa porque ya no había metro. No me dijeron nada de los mandos en la mochila. ¡Quise ayudar y aquí estoy, en el tribunal!» Abre los brazos con un gesto que provoca risas.

Los abogados de los cuatro piden la nulidad del procedimiento por las numerosas irregularidades en el acceso a la defensa. El fiscal objeta que al menos un atestado dice que el detenido no pidió un abogado de su elección. Según Yaël y Omar, la policía despertó a sus hijos a las tres de la madrugada para tomar esas declaraciones. Casi toda la acusación depende de los atestados: no hay grabaciones, testigos ni otras pruebas tangibles que los corroboren.

«Medio dormidos, agotados, con hambre, sin asearse y bajo presión… No son condiciones para responder ni exigir que se respeten sus derechos. ¡Era su primera vez!», protesta Yaël. «Habría que grabar los interrogatorios para demostrar que les explicaron sus derechos».

«¡Mi defendido no es un saqueador, ni un ladrón, ni chusma!»

La petición de nulidad se rechaza. El fiscal solicita ocho meses de prisión efectiva. La jueza considera cambiar la calificación de hurto por receptación de bienes robados, pero él insiste: «¡Como si hubiera diferencia entre saquear y recoger mercancía! ¿Qué cambia para los comerciantes? ¿Es menos grave? Quieren aprovechar el caos de forma oportunista. Así se resume la mentalidad de estos cuatro saqueadores».

Amel Bensaci, abogada del Colegio de París, avanza indignada para defender al conductor, contra quien no hay pruebas materiales. «Sé que estas detenciones y puestas a disposición judicial desbordan a la fiscalía. ¡Pero no se puede impartir justicia por lotes!», exclama, con coleta alta y pañuelo verde al cuello. Pedir ocho meses de prisión efectiva para los cuatro sin distinguir sus casos, considera, pisotea el principio de individualización de la pena.

Para ella, el caso resume la respuesta política y judicial a los saqueos. «Detienen a todo el mundo y lo llevan a juicio para dar ejemplo, para decir: “Estos son los saqueadores, estos son los que destrozan”. ¡Mi cliente no es un saqueador, ni un ladrón, ni chusma! Tiene dieciocho años y un sueldo. Incluso tiene suerte: no es fácil encontrar trabajo bien pagado cuando se viene de un barrio periférico».

«Llega un momento en que entiendo que los hijos sientan la tentación»

Los dos amigos son absueltos. Los hijos de Yaël y Omar son condenados a seis meses de prisión cada uno, con suspensión de la ejecución de la pena. «Antes del 17 de octubre, esto habría acabado con un curso de ciudadanía tras la detención, y nada más», lamenta el abogado del hijo de Yaël. La madre coincide: sin antecedentes, bastaba una advertencia formal. Pero ahora «quieren castigar con dureza», cree.

De este movimiento social «no hablábamos en casa», dice Yaël a Basta!. «Pero al comprar se ve: los productos suben casi un 30%, y el salario mínimo no sube un 30%. La gente recorta y elige de qué prescindir. Llega un momento en que entiendo la tentación: los hijos piensan que sus padres apenas llegan a fin de mes, ven cosas en el suelo y las recogen».

Precariedad extrema y aislamiento social

Otros acusados del 20 de octubre viven en condiciones mucho más difíciles que los cuatro amigos. K., nacido en Costa de Marfil, carece de un permiso de residencia vigente porque la prefectura aún tramita su renovación. Lleva ocho años en Francia y vive con su pareja, embarazada de cinco meses. Trabaja en Emmaüs: «Recibo a la gente y clasifico las donaciones». Cobra 400 euros al mes.

Con sudadera amarilla, rastas y rostro tranquilo, explica en voz baja que compró dos teléfonos a unos jóvenes que acababan de robarlos en una tienda cerca de la estación Gare de l’Est. Eran modelos básicos que costaban veinte y diez euros, respectivamente.

K. estaba acusado de robo con entrada forzada en un local y actuación en grupo organizado. De nuevo, la jueza observa la escasez de pruebas. Recalifica los hechos como receptación y le impone tres meses de prisión con una modalidad adaptada de cumplimiento. El fiscal aprieta los labios: había pedido diez meses de prisión efectiva y la prohibición de regresar a Francia.

Marc*, de veintisiete años, trabaja recogiendo basura por 1800 euros mensuales. Sus ingresos pagan parte del alquiler de su pareja, que tiene un menor a cargo, y el de su madre, con quien vive la mitad del tiempo. Es alto, lleva una camiseta gris holgada y tiene el rostro enmarcado por rizos castaños y barba.

Con las manos a la espalda, relata: «Vine contra el precio de la gasolina y el coste de la vida. Estaba solo y me manifestaba pacíficamente. Hacia las ocho, cuando me iba a casa, vi una tienda abierta. Bajo los efectos del alcohol, cogí unos guantes de moto y un casco. Un policía me sujetó por detrás. No sabía quién era e intenté girarme preguntando “¿Quién eres?”. Cuando dijo “¡Policía!”, no opuse resistencia».

La policía sostiene que Marc se resistió a ser reducido y trató de golpear con el casco robado antes de que un agente le diera un golpe de porra. «Nunca he agredido a un policía», se defiende. Reconoce que al mediodía había bebido «un poco» de vodka y que quizá no estaba en su estado normal.

La jueza lo lleva con suavidad a hablar de su alcoholismo. Marc lucha desde hace años contra la adicción. En primavera volvió a sufrir una depresión tras morir su perro, «que era prácticamente mi único amigo». Su pareja, asegura, lo ayuda a salir adelante. Con ella está mejorando y acepta seguir un tratamiento.

«Protesta por la gasolina y eso lo lleva a saquear un comercio y perjudicar a alguien que da empleo, cuando él mismo tiene problemas económicos. ¿Dónde está la lógica?», replica el fiscal, que solicita dieciocho meses de prisión efectiva. La jueza no lo sigue: impone una pena suspendida con obligación de tratamiento.

Familias entre el alivio, la reprimenda y la comprensión

Pasan de las diez de la noche cuando la jueza cierra una jornada sobrecargada. Las familias de los absueltos o liberados salen en fila y esperan a sus hijos junto a los calabozos judiciales, en el frío nocturno. Algunos simpatizantes cantan y aplauden. Yaël espera al suyo; Omar, al suyo.

Omar llama para comunicar la condena de seis meses de prisión con la ejecución suspendida y da vueltas a las gafas en la mano. «Me duele el corazón. No tenía antecedentes. Ahora los tiene y le costará más encontrar trabajo. Es duro».

Suspira y vuelve sobre lo sucedido. El sábado había pedido expresamente a su hijo que no fuera a París. «Me dijo que sí. Tengo el mensaje. Y luego todos los míos de esa noche: “¿Dónde estás?”, “Te necesito”… Llamaba y no contestaba». Cuando salga, piensa reprenderlo antes de nada. «Y mucho», precisa, con el ceño fruncido y la cara cansada. «Su madre es auxiliar de enfermería; yo soy taxista. Tenemos otro hijo de once años, en secundaria. Intentamos organizarnos. ¿Lo entiende?»

Yaël se muestra más comprensiva y aliviada. Al día siguiente cuenta: «Se alegró de verme y me dio un beso. Está bien. Le duele un poco el hombro: creo que fueron bruscos con las esposas. Me contó la detención: poca comida, no siempre podía ir al baño, calor. Y golpes en la puerta toda la noche para impedirles dormir». Su voz se suaviza: «Es mediodía y sigue en la cama. Creo que está recuperando el sueño perdido».

*Nombre cambiado.

Publicado originalmente en Basta! el 22 de octubre de 2026.